Julio Rodríguez, capitán indígena del pueblo Jivi Ekunay, había sido secuestrado el 2 de agosto por «presuntos miembros de las disidencias de las FARC», señaló la organización no gubernamental Provea, al denunciar su «asesinato».
El cuerpo de Rodríguez fue hallado «a orillas de la carretera que conduce al poblado de Morichalito», en el estado de minero de Bolívar (sur), señaló en X Fritz Sanchez, periodista independiente especializado en medio ambiente y minería.
Rodríguez era la «autoridad legítima» del asentamiento Jivi Ekunay que hace parte del Territorio Ancestral Mapoyo incluido en la lista de patrimonios inmateriales de Unesco por su «tradición oral».
Fue secuestrado en su casa y «delante de la comunidad se lo llevaron», añadió Provea.
«Dos días después del secuestro de Rodríguez una comisión de líderes y jóvenes indígenas que salió a buscarlo fue emboscada» y atacada con explosivos lanzados con drones, denunció la ONG.
Según Provea, las guerrillas colombianas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) controlan sectores enteros de las zonas mineras en regiones cercanas a la frontera con Colombia y Brasil, a menudo con el acuerdo de las fuerzas de seguridad locales.
De acuerdo a la ONG, «más de 48 indígenas pertenecientes a los pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu, han sido asesinados por agentes de la fuerza pública y actores no estatales -incluyendo presuntos miembros de disidencias de las FARC y el ELN-, desde 2010».
Estos grupos insurgentes mantienen a las comunidades indígenas en una situación «vulnerable», según han denunciado líderes indígenas.
En abril, la presidenta venezolana interina Delcy Rodríguez impulsó bajo la presión de Washington, una ley minera favorable a la inversión privada, especialmente extranjera.
Venezuela concentra la mayor explotación de minerales en un territorio de 112.000 km cuadrados bautizado como el Arco Minero, rico en oro, diamantes, bauxita y coltán.
AFP