La principal avícola del país, Granja Tres Arroyos, despidió a más de 250 trabajadores de su planta industrial de Concepción del Uruguay, amparándose en la caída de la actividad provocada por la gripe aviar.
La firma avícola notificó formalmente el despido de 260 de los 900 empleados de la planta La China en la ciudad entrerriana, lo que implica una reducción del 25% del personal, profundizando el complejo escenario operativo y financiero que atraviesa.
En los telegramas enviados, la dirección de Granja Tres Arroyos argumenta que la medida obedece a “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de la actividad”.
La compañía atribuye la caída de su actividad a los brotes de influenza aviar registrados en el país, los cuales derivaron en el cierre de fronteras comerciales e impidieron el acceso a mercados internacionales clave como China.
Al respecto, en el documento de desvinculación, planteó que dicho bloqueo sanitario generó una “reducción de las exportaciones, una sobreoferta de producción en el mercado interno, una marcada caída de los precios de comercialización y un sostenido incremento de los costos de explotación, circunstancias que derivaron en un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la empresa”
En este marco, y tras afirmar que aplicaron medidas previas de adecuación que resultaron insuficientes, la firma justificó la reestructuración parcial como vía indispensable para “posibilitar la continuidad de la empresa y preservar las restantes fuentes de trabajo”.
Ante este panorama, la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió en un comunicado el proceder patronal, calificándolo de “artero e insensible” ante la apremiante situación de los trabajadores.
Asimismo, sostuvo que los despidos “no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis” y expresó que “no queremos ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra concursal”.
El gremio expuso que entre los cesanteados se encuentran delegados del personal y remarcó que los empleados “vienen soportando el atraso de más de cinco quincenas de sus salarios y una creciente incertidumbre, con las graves consecuencias que esta situación genera para la vida familiar”.
Detrás del conflicto gremial asoma un crítico frente de deudas para la avícola, ya que arrastra un pasivo de 350,9 millones de dólares y actualmente negocia con sus acreedores una reestructuración que contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago a siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos.
A fines de 2024, la empresa ingresó en un proceso preventivo de crisis, acelerando desde entonces los recortes internos por medio de un programa de retiros voluntarios y afrontando sus obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”.