Estados Unidos pidió este jueves reducir la tensión entre Argentina y Reino Unido por la disputa en torno a las Islas Malvinas y evitó anticipar qué posición adoptaría Washington ante un eventual nuevo enfrentamiento entre ambos países, en medio de una escalada diplomática vinculada con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó que la prioridad de su país sería evitar que una eventual crisis entre Buenos Aires y Londres avance hacia un escenario de mayor confrontación y señaló que cualquier decisión sobre un eventual apoyo militar correspondería al presidente Donald Trump.
Consultado en una entrevista con el medio británico GB News sobre qué haría Estados Unidos ante un hipotético conflicto armado por las islas y si respaldaría al Reino Unido, Waltz evitó comprometer una respuesta concreta y remarcó que se trata de una decisión que corresponde al mandatario estadounidense.
«Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos», afirmó el diplomático, quien destacó al mismo tiempo los vínculos que Washington mantiene con Buenos Aires y Londres.
«Argentina es una gran amiga», señaló Waltz, aunque también recordó la «relación especial» que Estados Unidos mantiene históricamente con el Reino Unido. Respecto de la posibilidad de proporcionar asistencia militar a Londres, insistió en que cualquier definición quedaría en manos de Trump y de la Casa Blanca.
Las declaraciones se producen en un momento de creciente tensión entre Argentina y Reino Unido a raíz del proyecto petrolero Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte, en aguas cuya soberanía es objeto de disputa entre ambos países.
El Gobierno argentino inició esta semana un procedimiento de arbitraje internacional bajo el Anexo VII de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) con el objetivo de cuestionar la explotación de hidrocarburos en la zona. Buenos Aires otorgó a Londres un plazo de dos semanas para frenar el proyecto antes de avanzar con una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.
El Reino Unido rechazó la iniciativa argentina y convocó a la embajadora en Londres, Mariana Plaza, para transmitirle su rechazo al procedimiento impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La subsecretaria británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que la decisión argentina constituye un intento de afectar los derechos y la prosperidad económica de los habitantes de las islas y cuestionó que Buenos Aires recurra a mecanismos internacionales para intentar detener el desarrollo petrolero.
Londres también puso en duda la confiabilidad de Argentina como socio internacional y defendió el derecho de los habitantes de las islas a desarrollar sus recursos naturales.
La Cancillería argentina respondió que el recurso al arbitraje constituye una vía prevista por la propia Convemar y rechazó que la decisión pueda ser interpretada como un intento de «socavar» derechos ajenos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, sostuvo que recurrir a un tribunal internacional imparcial representa una forma de resolver las diferencias mediante el derecho y no a través de acciones unilaterales.
El Gobierno argentino argumentó además que ambos países son partes de la Convemar y que, al adherir al tratado, aceptaron los procedimientos establecidos para resolver determinadas controversias. En ese sentido, defendió que los árbitros internacionales deberán determinar los argumentos de cada una de las partes.
La disputa se centra actualmente en el desarrollo del proyecto Sea Lion, ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La iniciativa está encabezada por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65 % del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35 % restante.
Según las estimaciones difundidas por las empresas involucradas, el yacimiento podría contener alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo. El inicio de la producción está previsto para el primer trimestre de 2028, mientras que el proyecto contempla alcanzar una producción de hasta 200.000 barriles diarios hacia 2030.
Rockhopper aseguró que mantiene sus planes de producción pese a la ofensiva diplomática argentina y destacó el respaldo recibido por parte del Gobierno británico y de las autoridades de las islas.
El conflicto por los hidrocarburos se suma a una disputa de soberanía que permanece abierta desde hace décadas y que derivó en la guerra de 1982, cuando Argentina y Reino Unido se enfrentaron durante 74 días por el control del archipiélago.
Desde entonces, ambos países mantienen posiciones enfrentadas sobre la soberanía de las islas. Argentina sostiene su reclamo sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, mientras que Reino Unido administra el territorio y defiende el derecho de sus habitantes a determinar su futuro.
En este contexto, la intervención de Washington adquiere relevancia por los vínculos que Estados Unidos mantiene con ambos países. La Administración Trump no se pronunció sobre la soberanía de las islas y, a través de Waltz, evitó comprometer una posición ante un eventual escenario militar.
La referencia a la necesidad de «desescalar» constituye, por ahora, el principal mensaje público de Washington ante el nuevo capítulo de la disputa, mientras Argentina y Reino Unido avanzan por vías diplomáticas y jurídicas enfrentadas por el futuro de la explotación petrolera en el Atlántico Sur.