La propuesta contempla una emergencia por 180 días, límites a las tasas de tarjetas y billeteras, eliminación de intereses punitorios y planes de refinanciación de hasta 36 meses. El oficialismo prepara un texto propio y negocia con sectores aliados.
La oposición entró en la recta final de las negociaciones para conseguir un dictamen de mayoría sobre el proyecto que busca aliviar la situación de las personas en mora y establecer límites a los abusos del sistema crediticio. La disputa será voto a voto con La Libertad Avanza, que prepara una iniciativa propia y también intenta sumar a los bloques aliados.
Reunión de comisiones
El momento decisivo llegará el martes cuando se reúna el plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados. Ese día está prevista la firma de los dictámenes, según el cronograma establecido tras el emplazamiento votado en el recinto.
El oficialismo mantiene bajo reserva los detalles de su propuesta. Hasta el momento trascendió que estaría basada en un esquema de advertencias para los usuarios, educación financiera, concientización y mecanismos de doble autenticación. “Lo estamos haciendo con aliados”, señalaron fuentes de La Libertad Avanza, sin brindar mayores precisiones.
Del otro lado, la oposición intenta sostener el amplio entramado político que permitió impulsar el tratamiento del tema. El emplazamiento había reunido 133 votos, con el respaldo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, pero también de espacios que suelen mantener posiciones más cercanas al Gobierno, como Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia y La Neuquinidad.
Luego de varias rondas de conversaciones y diferencias internas, Unión por la Patria logró acordar una propuesta y comenzó a negociar ese texto con representantes de los otros bloques.
“Estamos negociando con todos los que votaron el emplazamiento”, aseguró uno de los diputados de UxP que impulsó una de las iniciativas.
Entre los principales articuladores aparece Pablo Juliano, autor de otro de los proyectos en discusión, quien negocia en representación de un sector de Provincias Unidas y mantiene conversaciones con la Coalición Cívica.
Los acuerdos también alcanzan a Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y a Yolanda Vega y Bernardo Biella, de Argentina Federal. Sus firmas aparecen como determinantes para las aspiraciones opositoras de alcanzar el dictamen de mayoría.
No todos los espacios que respaldaron el emplazamiento tendrán participación directa en esta instancia. El Frente de Izquierda, Elijo Catamarca e Independencia no cuentan con representantes en ninguna de las dos comisiones, por lo que sus firmas no serán necesarias el martes. Sus votos, sin embargo, volverán a cobrar importancia si finalmente el proyecto llega al recinto.
La propuesta consensuada dentro de Unión por la Patria establece una emergencia por 180 días, con posibilidad de prorrogarla por otro período igual. Entre sus puntos principales se incluyen topes a la tasa de interés nominal que cobran las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales, límites sobre gastos y comisiones y planes de refinanciación de hasta 36 meses, de acuerdo con los montos adeudados.
El texto también plantea eliminar el 100% de los intereses punitorios, aunque mantiene tanto el capital original de la deuda como los intereses compensatorios.
Otro punto apunta a las diferencias entre las tasas aplicadas por las billeteras virtuales según el scoring de cada cliente. La propuesta pretende otorgar facultades a Defensa del Consumidor para exigir la apertura del algoritmo utilizado y transparentar esas prácticas.
La discusión parlamentaria se produce en medio de un fuerte crecimiento de la morosidad. Unas seis millones de personas acumulan atrasos superiores a tres meses. Actualmente, el 12,8% de los créditos otorgados por bancos se encuentra en mora, mientras que la proporción alcanza el 25% entre los préstamos concedidos por billeteras y otras plataformas fintech.
El diagnóstico sobre las causas divide las posiciones. Desde el oficialismo y sectores bancarios destacan que el crecimiento del crédito representa una señal positiva en un país con bajos niveles de bancarización. Desde la oposición y organizaciones de deudores advierten, en cambio, sobre el destino de esos préstamos: alrededor de dos tercios serían utilizados para cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios y medicamentos.
Los números también muestran una diferencia entre la expansión del crédito y el crecimiento de los incumplimientos. Entre febrero de 2024 y julio de 2026, la cantidad de préstamos otorgados aumentó 8%, mientras que el número de personas en mora avanzó 80%, desde 3,3 millones hasta los seis millones actuales.
Con ese escenario como telón de fondo, oficialismo y oposición llegan al martes con una misma prioridad política: reunir la mayor cantidad de firmas. La definición determinará qué propuesta llegará al recinto como dictamen de mayoría y marcará el próximo capítulo de una discusión que puso el endeudamiento de las familias en el centro de la agenda de Diputados.