Una ambulancia con millonarias sumas de dinero, catorce detenidos y el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, bajo custodia policial colocaron este jueves a la Justicia en el centro de una crisis institucional, después de que el Gobierno denunciara una presunta red criminal vinculada al narcotráfico y se activaran el interinato en la Fiscalía, cuestionamientos a la legalidad de la sucesión y un debate parlamentario de urgencia.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó en rueda de prensa que la estructura estaba presuntamente encabezada por Mariaca y que utilizaba posiciones dentro del Ministerio Público para proteger y beneficiarse del tráfico de sustancias controladas. Según la acusación gubernamental, Mariaca es investigado por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.
«Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración de una institución muy importante en nuestro país como es el Ministerio Público», sostuvo Oviedo. La operación policial se extendió durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves y alcanzó también al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y a otros funcionarios.
En total, el Gobierno reportó 14 detenidos y señaló que cuatro de ellos pertenecen a niveles jerárquicos del Ministerio Público.
Uno de los episodios más llamativos ocurrió en Santa Cruz (este), donde la Policía interceptó en la madrugada una ambulancia que salía del condominio donde reside Mariaca. En su interior fueron encontrados, según las imágenes televisivas, bolsas y maletines con fajos de billetes y se detuvo a cuatro personas. Otros funcionarios fueron aprehendidos cuando presuntamente intentaban retirar documentación de la Fiscalía. La operación se produjo en un momento sensible para Mariaca.
Dos días antes, Estados Unidos anunció restricciones de visa contra el fiscal general y otros funcionarios bolivianos, a quienes vinculó con actos de corrupción y con la protección al narcotráfico.
El Gobierno boliviano negó una participación directa de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en el operativo, al asegurar que esta fue ejecutada en su totalidad por la Policía boliviana. El caso abrió también una crisis institucional en el Ministerio Público.
La Fiscalía consideró en un inicio la aprehensión de Mariaca como ilegal y calificó el hecho de «secuestro», además de cuestionar una intervención policial en sus instalaciones de Sucre. Ante la ausencia del fiscal general, el fiscal superior Luis Montaño asumió de manera interina la conducción del Ministerio Público, invocando la prelación establecida por la legislación boliviana.
Montaño afirmó que su gestión será temporal y que su prioridad será garantizar la continuidad de las labores fiscales mientras la Asamblea Legislativa define el procedimiento para la elección de un nuevo titular.
El Gobierno, a través del vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que Montaño se «autonombró» como fiscal general del Estado. Ante ello, remarcó que se debe revisar la norma para determinar si es legal. «Sé que se ha autonombrado fiscal general y ha nombrado a otras personas. Veremos qué dice la norma, qué es lo que corresponde», dijo en contacto con la prensa local.
En tanto, el presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Gustavo Ávila, adelantó para mañana viernes la sesión que estaba convocada el lunes 5 de octubre, fecha en la que estaba programado analizar el caso de las restricciones de visas impuestas por Estados Unidos a Mariaca y a otros funcionarios, incluida la eventual conformación de una comisión de investigación parlamentaria, al considerar que la aprehensión del fiscal general constituye un hecho extraordinario que requiere atención y prioridad institucional.
NA