En medio del debate por la reducción del gasto público, un informe puso el foco sobre el funcionamiento de las legislaturas provinciales y reveló fuertes diferencias entre las distintas jurisdicciones. En promedio, cada diputado o senador provincial representa un gasto superior a los $1.500 millones por año, aunque entre los extremos la brecha llega a superar las 21 veces.
De acuerdo con un relevamiento de la Fundación Libertad elaborado a partir de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2026, las 24 jurisdicciones destinan en conjunto $1.835.300 millones al funcionamiento de sus poderes legislativos.
Al distribuir esa cifra entre los 1.199 diputados y senadores provinciales de todo el país, el costo promedio asciende a $1.531 millones anuales por legislador, equivalente a cerca de $128 millones mensuales.
La cifra, sin embargo, no corresponde únicamente a las dietas de los representantes. Incluye el conjunto de los recursos asignados al funcionamiento de las cámaras, entre ellos los salarios de empleados, asesores y secretarios, además de otros gastos operativos.
“Los recursos asignados a esta función resultan elevados tanto al compararlos con otras partidas dentro de los propios presupuestos provinciales como al contrastarlos con parámetros internacionales”, señaló la Fundación Libertad, que realiza este relevamiento desde hace ocho años.
Las diferencias entre provincias son considerables. Tucumán encabeza la nómina: con una Legislatura integrada por 49 representantes, el gasto anual asciende a $3.725 millones por cada uno.
En segundo lugar aparece la Ciudad de Buenos Aires, cuya Legislatura cuenta con 60 integrantes y registra un gasto de $3.402 millones por representante. Chaco completa los primeros puestos, con 32 legisladores y un costo de $3.057 millones por cada uno.
En el otro extremo se encuentran San Luis y Santiago del Estero, con erogaciones anuales de $176 millones y $206 millones por legislador, respectivamente. Así, el gasto por representante en Tucumán resulta más de 21 veces superior al registrado en San Luis.
Al considerar su incidencia sobre las cuentas públicas, el funcionamiento de los poderes legislativos representa en promedio el 1,15% del total de los presupuestos provinciales. Nuevamente Tucumán se ubica al frente, ya que destina el 3,66% de sus recursos presupuestados a esa función. Le siguen Catamarca, con el 2,64%, y Chaco, con el 2,22%.
Uno de los componentes centrales de las erogaciones es el personal. En las provincias donde fue posible acceder a esa información, el 84% del presupuesto legislativo se destina, en promedio, a ese rubro.
Río Negro encabeza ese indicador, con el 95%, mientras que Formosa llega al 94,2% y Mendoza y Santa Cruz alcanzan el 94%. En el extremo contrario aparecen Santa Fe, con el 64,6%; San Luis, con el 72,9%, y la Ciudad de Buenos Aires, con el 73,2%.
También existen marcadas diferencias en la cantidad de empleados que integran la estructura legislativa. Corrientes registra el mayor número, con 72 trabajadores por legislador, seguida por Chaco, con 70, y Formosa, con 62.
En contraste, apenas tres jurisdicciones tienen menos de diez empleados por representante: San Luis cuenta con dos; Santiago del Estero, con cinco, y Córdoba, con ocho.
La Fundación Libertad planteó que la discusión sobre la reducción y el ordenamiento del gasto público también debería alcanzar a los poderes legislativos provinciales. El relevamiento muestra que, detrás del promedio nacional, conviven estructuras muy diferentes tanto por los recursos presupuestados como por la cantidad de personal asignado a su funcionamiento.