El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia durante 60 días en los distritos de Pisco y San Andrés, en la región costera de Ica, al sur de Lima, como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la criminalidad.
La disposición establece la suspensión temporal de cuatro derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión.
Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía Nacional quedará a cargo del mantenimiento del orden público y contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Además, los eventos que impliquen una concentración masiva de personas deberán contar con autorización previa de las autoridades, informó la agencia estatal peruana y diferentes cadenas televisivas.
El Gobierno peruano extendió medidas similares a distintas provincias de las regiones de Tumbes y La Libertad, así como a determinadas zonas consideradas estratégicas.
Las nuevas disposiciones se suman al estado de emergencia que ya rige en Lima y el vecino Callao, donde las autoridades desplegaron operativos destinados a combatir la delincuencia y otros hechos de violencia.
El plan oficial incluye además controles en establecimientos penitenciarios, con participación militar en las tareas de vigilancia y la realización de pruebas de polígrafo al personal encargado de la custodia.
También contempla el desmantelamiento de antenas ilegales y la instalación de sistemas destinados a bloquear las señales electrónicas dentro de las cárceles, con el objetivo de impedir comunicaciones de organizaciones criminales desde los centros penitenciarios.
NA