El Ministerio del Interior de España admitió el martes que elaboró un listado de periodistas en el que se consignaban valoraciones sobre su posicionamiento ideológico.
Fuentes oficiales dijeron que se trata de un “documento informativo, de carácter interno”, con finalidad consultiva y sin “ninguna finalidad espuria”, y pidieron disculpas por los profesionales que se hayan sentido ofendidos.
Desde Ceuta, el ministro Fernando Grande-Marlaska calificó el dosier, publicado por El Confidencial, como un “documento de trabajo” destinado a conocer la percepción sobre la actuación del ministerio y negó intencionalidad represiva, según consignó RTVE.
El documento, fechado en 2024 y elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio, llevaba el título “Tertulianos. Radio y Televisión” y contenía fichas con foto y breves etiquetas sobre las inclinaciones políticas de cada profesional: “Apoya al Gobierno”, “alineado con posiciones de derechas”, “defiende las políticas del PSOE”, “reconocido ‘anti-sanchista’”, “afín al PSOE”, “tendencia conservadora”, “independiente”, “es de centro derecha moderado”, “es crítico con la amnistía”, “militante socialista” o “últimamente es más combativa”, entre otras valoraciones.
Entre los periodistas señalados figura el director de El Confidencial, Nacho Cardero, y colegas del mismo medio que investigaron casos de corrupción vinculados al entorno del presidente Pedro Sánchez y que derivaron en pesquisas judiciales, según RTVE.
Tras la difusión, el Ministerio reiteró que se trata de un documento interno elaborado en febrero de 2024 con fines consultivos y aseguró que no hubo intención de censura ni de condicionar el trabajo de los periodistas. Además, pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos y afirmó que el contenido no ha condicionado la labor de su Oficina de Comunicación en el tiempo transcurrido desde su elaboración.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechazó con dureza la revelación y calificó la elaboración del dosier como un ataque a la libertad de prensa. La entidad advirtió que ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo, porque ello introduce un elemento de vigilancia y potencial represalia que vulnera el artículo 20 de la Constitución Española.
NA