La Libertad Avanza (LLA) quiere pisar el acelerador en el Senado y avanzar esta semana con el dictamen de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos económicos más importantes del Gobierno de Javier Milei y una pieza central de su programa para limitar el financiamiento del Estado mediante la emisión monetaria.
Pero para conseguir su objetivo, la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, deberá sumar los votos de sus aliados.
El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados el 26 de agosto, comenzará a ser debatido este miércoles en un plenario de las comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto y Hacienda, que presiden el macrista Martín Goerling Lara y el libertario Agustín Monteverde, respectivamente, según confiaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
Bullrich pretendía comenzar el tratamiento la semana pasada, pero Villarruel mantuvo durante varios días el texto en su despacho antes de enviarlo a las comisiones correspondientes.
Bullrich y Villarruel mantienen desde hace tiempo una relación atravesada por diferencias políticas y de conducción, y el manejo de la agenda del Senado se convirtió nuevamente en uno de los principales puntos de fricción.
El verdadero desafío: conseguir los votos
Con el proyecto ya en comisiones, el oficialismo intentará ahora cerrar rápidamente un dictamen y llevarlo al recinto antes de fin de septiembre.
El bloque libertario cuenta con 21 senadores y necesita sumar al menos 16 voluntades para alcanzar el quórum.
La estrategia oficial apunta a asegurarse primero el respaldo de sus aliados más previsibles: los tres senadores del PRO y los diez de la UCR.
Con esos apoyos, a Bullrich le quedarían por conseguir apenas tres votos adicionales y allí aparece el verdadero poroteo, ya que el oficialismo mira especialmente a los senadores provinciales y de bloques que ya acompañaron la reforma en Diputados.
Entre ellos aparecen los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la neuquina Julieta Corrozo; la salteña Flavia Royón; los representantes de Provincias Unidas, Alejandra Vigo y Carlos “Camau” Espínola; la chubutense Edith Terenzi; y las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.
Una reforma con sello Milei
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central fue aprobada en Diputados por 144 votos contra 102, con nueve abstenciones, y constituye una de las iniciativas económicas que el Presidente busca convertir en un emblema de su gestión.
El proyecto establece como objetivo central del BCRA la preservación del valor de la moneda y busca impedir que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.
El Gobierno pretende así limitar una de las herramientas que, según el discurso libertario, permitió durante años financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.
La iniciativa también elimina funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que esas herramientas exceden la misión de una autoridad monetaria.
Para Milei, la reforma forma parte de una concepción más amplia: un Banco Central concentrado en preservar el valor de la moneda y aislado de las necesidades de financiamiento del Tesoro. La propia Bullrich defendió públicamente la iniciativa bajo la premisa de que su objetivo es “cuidar el valor de la moneda”.
Sin embargo, el aspecto económico no será necesariamente el principal problema para el oficialismo.
La discusión más delicada podría aparecer en torno al mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central.
El proyecto establece que el presidente y los directores del organismo deberán ser aprobados por ambas cámaras del Congreso mediante mayoría simple. Para removerlos, en cambio, se necesitarán dos tercios.
El cambio puede generar resistencia entre los senadores porque modifica el esquema actual de control sobre las autoridades del BCRA y le otorga al Congreso un papel más determinante en su designación y eventual desplazamiento.
Para el Gobierno, la intención es clara: blindar la independencia del Banco Central frente a los cambios de gobierno.
Pero, para algunos senadores, el debate puede transformarse en una discusión más amplia sobre quién tendrá la última palabra sobre una institución clave de la política económica.