El gobierno de Javier Milei lleva adelante gestiones para que Estados Unidos investigue penalmente el ingreso, la administración y la salida de la familia Eskenazi en YPF, buscando neutralizar los millonarios juicios en Nueva York.
Funcionarios de primera línea de la administración Milei mantuvieron reuniones reservadas con representantes del gobierno de Donald Trump con el objetivo de que el Departamento de Justicia estadounidense abra una causa penal centrada en la compra de acciones de la petrolera, según reflejó una investigación periodística de La Nación.
La mira de la administración nacional está puesta sobre la familia Eskenazi y el Grupo Petersen, buscando esclarecer judicialmente cómo fue su participación, gestión y posterior salida de la petrolera estatal YPF.
La estrategia jurídica de la Casa Rosada apunta a determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción en la compra del 25% de las acciones de la compañía por parte de la familia Eskenazi durante el kirchnerismo.
Para el Estado argentino, una denuncia exitosa que demostrara que esa adquisición tuvo un origen fraudulento podría convertirse en la pieza clave para congelar o directamente anular las multimillonarias demandas civiles que pesan sobre el país en los tribunales neoyorquinos.
Esta ofensiva penal se produce en un escenario favorable para la defensa de la Argentina, luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara una condena previa que obligaba al país a pagar una suma superior a los US$16.000 millones por la estatización de la petrolera.
Además, la iniciativa argentina cuenta con un respaldo institucional previo en Washington. El propio Departamento de Justicia estadounidense ya había emitido un memorándum en el que apoyaba la solicitud de distintas organizaciones civiles de la Argentina para que se investiguen las presuntas irregularidades cometidas en la compra de las acciones de YPF.